Luego de suspender la exploración en el proyecto de oro La Colosa, en Cajamarca, Tolima, tras la consulta popular, la minera sudafricana Anglogold Ashanti está concentrada en jugársela toda al éxito de sus proyectos en Antioquia: de oro en Gramalote y de cobre en Jericó.
El primero ya tiene licencia ambiental y el segundo está en fase exploratoria, pero ya se está viendo amenazado por los activistas que “están metiendo miedo en la gente sin permitir un debate informado, como se da en todo el mundo”, según Felipe Márquez, presidente en Colombia de la minera.
En entrevista el directivo revela que ante estas situaciones, ya han estudiado posibles demandas contra el Estado por inseguridad jurídica para las inversiones mineras.
¿Cuál es el plan tras la consulta en Cajamarca?
La decisión de suspender fue solamente para La Colosa. Estamos concentrados en nuestros proyectos en Antioquia, llamados Gramalote, de oro, en San Roque; y Nuevo Chaquiro (proyecto Quebradona), de cobre, en Jericó. Estamos tratando de aprender de algunos errores.
¿Qué buscan corregir?
No queremos que algunas personas que hicieron campaña política o activismo ideológico puedan hacer lo mismo.
Si eso pasara, seguramente sería el fin de la confianza de la compañía con Colombia. Estamos concentrados en poder explicarles mejor a las comunidades, con un mayor apoyo del Gobierno, cómo es que se puede hacer minería bien hecha, minería legal y minería que promueve.
¿En qué estado van las iniciativas?
En Gramalote ya tenemos la licencia y en Nuevo Chaquiro estamos lejos; en exploración, y no tenemos fecha definida para sentirnos capaces de ir por una licencia. Es como cuando una persona va al colegio. No podemos presentar el Icfes en séptimo o en noveno, y eso fue lo que nos hicieron en La Colosa. Nos preguntaron de química y física y en quinto de primaria uno no sabe eso. No puede pasar en Jericó.
¿Qué tan riesgoso es esto en Antioquia, con larga tradición minera?
El riesgo está. Las personas que promovieron la consulta en Cajamarca la están promoviendo en Jericó y Támesis, con argumentos acomodados, pero con el mismo fondo y falta de profundidad técnica.
Diciendo que es mejor la vida que el oro, que es mejor el agua que el oro y que el proyecto minero elimina la posibilidad de tener agua. En cualquiera de nuestras minas hay agua y sale limpia, pero las mentiras que se vendieron en Cajamarca se están tratando de vender por los mismos promotores, activistas y políticos.
¿Qué le piden al Gobierno?
Lo mismo de siempre. En este tipo de proyectos, el Gobierno es el que debe ir a la comunidad y decirle que el mineral no es de la compañía, sino del Estado.
Decir se va a sacar el mineral, o no, solamente si la compañía presenta un plan adecuado. Que no les dé miedo, porque acá no va a haber una mina hasta que haya un licenciamiento y no va a haber licencia si no hay audiencias públicas. Y si quieren consultas populares, pues que las haya, pero en el momento correcto y no anticipadamente ni después.
¿No hay nada qué hacer en Cajamarca?
Estamos intentando entender regulatoriamente cómo se implementa la decisión de la consulta popular.
Pero urge coordinar el uso del suelo y el del subsuelo…
Las personas están haciendo activismo metiéndoles a las personas unos miedos que concluyen en una votación, que después el ordenamiento jurídico no valida. ¿Usted cree que los 6.000 que votaron no van a hacer una vía de hecho para impedir que eso pase?
Hasta que no se decante, y el país entienda que el mineral es de todos, va a ser difícil volver.
¿Qué inversiones tienen este año esos dos proyectos?
Este año, para Gramalote estamos invirtiendo 30 millones de dólares. La construcción puede costar unos 900 millones de dólares si se da.
El presupuesto inicial para Colombia en el 2017 era cercano a los 90 millones de dólares, pero a hoy es de 35 millones de dólares, casi la tercera parte.
¿Y el resto se guarda?
Ese dinero ya se lo gastaron Malí y Ghana. Es triste ver cómo la plata destinada para el país se la asignan a otros por estas razones.
¿Somos el país con más agenda política y con comunidades en torno a la minería?
En comunidades no, pero en política sí. Usted no ve esa agenda política en otros países. Allí la comunidad dice que ahí está el mineral, pregunta cómo lo van a extraer, qué impactos hay y cómo lo mitigan, y qué les queda como comunidad. Ese debate de agua u oro, o de vida o mina, eso no se ve en otros países.
¿Qué dijeron las directivas mundiales tras lo de La Colosa?
Es como si estuviéramos con detención domiciliaria.
La credibilidad no es la mayor. Cuando se transmiten cosas y pasan otras, que no se pueden ni explicar, la confianza se pierde y comienza a bajar la inversión.
El siguiente nivel será si valdrá la pena seguir ahí. Estamos en el nivel más bajo de inversión y de confianza minera.
¿Han contemplado salidas jurídicas, como demandas?
Sí las hemos analizado; no están descartadas. En este momento, estamos tratando de jugarnos la vida.
Concentrarnos en nuestros proyectos en Antioquia, esperar que salgan bien y, entre tanto, esperar que el Gobierno Nacional vaya reglamentando qué es lo que pasa en un municipio después de una consulta popular. De acuerdo con lo que ahí suceda, tomaremos nuestras decisiones.
¿Y sería devolverle títulos al Gobierno?
En el 2012, cuando llegué a la compañía, teníamos cerca de 1.000 títulos mineros. Hoy tenemos, entre propuestas y títulos, alrededor de 150.
Algunas personas ven eso como un logro, pero el que más pierde es el país, porque no tiene los recursos para hacer la geología.
Los que promovieron la votación en Cajamarca, ¿siguen en la región?
La gran mayoría están en Jericó y en Támesis (Antioquia), pero no eran de Cajamarca ni de Jericó. Sería más interesante que estuvieran viendo cómo les ayudan a los 400 desempleados ahora.
Y que presenten proyectos y alternativas reales para usar bien el agua, el cual es su debate. Porque no hay nada y el agua es escasa hoy en la zona y no tiene la mejor calidad, la cual pudo haber sido mejorada con el proyecto La Colosa.
Uno de los promotores principales fue el alcalde de Ibagué, y yo quiero ver los proyectos concretos para las plantas de tratamiento de las aguas residuales del municipio, de las que hoy el 70 por ciento se van al río Coello, que ellos quieren defender. Es un debate de la insensatez.
Fuente: El Tiempo
